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El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley de Servicios de Atención a la Clientela con el que se amplían los derechos de las personas consumidoras y se mejoran los plazos de consulta y resolución de incidencias en sus relaciones de consumo.

Entre otras novedades, el Ministerio de Consumo limitará a tres minutos el tiempo de espera para ser atendido telefónicamente en servicios generales de información, reclamación y postventa.

Esta reducción de tiempos también beneficiará a las personas afectadas por incidencias en servicios básicos de continuidad como la luz, el agua o el gas. Cuando entre en vigor la normativa, que ahora empieza su tramitación como proyecto de Ley en las Cortes Generales, las empresas de estos sectores deberán informar del motivo del problema y dar un tiempo estimado para la restauración del suministro en un plazo máximo de dos horas.

El derecho a la salud sexual y reproductiva forma parte del derecho de todas las personas al más alto nivel posible de salud física y mental y un reclamo histórico y continuo del movimiento feminista mundial. Más concretamente, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas relaciona la salud sexual y reproductiva de las mujeres con los derechos humanos, incluyendo el derecho a la vida, a la salud, a la intimidad, a la educación y a la prohibición de discriminación.

La Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo (LO 2/2010), supuso un auténtico paso hacia adelante al abordar la protección y la garantía de los derechos relacionados con la salud sexual y reproductiva de manera integral y modificar el abordaje de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) de una ley de supuestos a una de plazos, en consonancia con lo establecido por los mandatos internacionales.

El nuevo algoritmo ha permitido ya la cancelación de casi 40.000 causas desde que se puso en marcha el pasado 5 de mayo.

Está previsto que a finales de 2022 se alcance la plena automatización del procedimiento.Más de 250.000 ciudadanos se han visto favorecidos por el proyecto del Ministerio de Justicia para la cancelación automatizada de antecedentes penales, enmarcado en su estrategia de digitalización de la Justicia.

La implementación de un nuevo algoritmo en el plan de automatización del procedimiento de cancelación de antecedentes penales ha permitido ya la cancelación de casi 40.000 causas desde que se puso en marcha, el pasado 5 de mayo. El 100% de los casos contemplados por la ampliación del algoritmo se cancelará en menos de un mes. Quedarán así solo pendientes los casos más complejos contemplados en el plan, que también serán fruto de automatización durante los próximos meses.

• Justicia convoca 245 becas para la preparación de oposiciones a jueces, fiscales, LAJs y abogados del Estado
• Con un presupuesto global de 1,6 millones de euros, cada una de estas becas, de periodicidad anual, estará dotada con 6.611 euros.
• Según la ministra de Justicia, Pilar Llop, estas becas servirán para “democratizar el acceso a estas carreras".

Estás pensando en divorciarte, la convivencia se ha deteriorado y del amor que unió el matrimonio no queda más que el recuerdo de algunas fotos y el vídeo de la boda, si es que lo has pasado de la cinta de vídeo VHS o Beta a formato digital o un DVD.

A pesar del elevado número de divorcios, esta es una decisión de gran impacto para toda la unidad familiar, por lo que no se debe de tomar a la ligera, sobre todo si hay hijos de por medio. Es por ello que aquellos que están pensando en tomar esta decisión, suelen consultarlo antes, en muchos casos con amigos o familiares. Sin embargo, según Luis Zarraluqui Navarro, especialista en derecho de familia, hay que acudir cuanto antes a un abogado especialista en derecho de familia, no a los amigos, asesores de empresa o abogados no especializados en este campo, ya que cuanto antes se haga cargo de la situación un abogado especialista, más fácil será todo el procedimiento.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de Ley por el que se regula el procedimiento de evaluación de la edad.

El objetivo de la nueva norma es determinar la mayoría o minoría de edad, con pleno respeto a los derechos de la infancia y adolescencia, y con todas las garantías legales, cuando por carecer de documentación o no ser posible establecer la edad con seguridad, tenga que ser la autoridad judicial quien la determine, tras escuchar las alegaciones de las partes y realizar una valoración ponderada de la prueba que se ha hecho a la persona.

El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley de eficiencia organizativa del servicio público de justicia y el proyecto de ley de eficiencia procesal del servicio público de justicia.

Estas normas, junto a la ley de eficiencia digital, constituyen la base legislativa del plan Justicia 2030, el proyecto del Ministerio de Justicia que sienta las bases de la Justicia del futuro inminente.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley Orgánica que regula el acceso y uso por parte de las autoridades competentes de información financiera y de otro tipo de utilidad para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de las infracciones penales.

La norma regula el acceso directo e inmediato a los datos de los registros centralizados de cuentas bancarias y de pagos, que en España se denomina el Fichero de Titularidades Financieras, y establece medidas destinadas a facilitar el acceso a la información financiera y a los análisis financieros de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF), que en España elabora el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

El Consejo de Ministros ha aprobado, en primera vuelta, el anteproyecto de Ley de creación de la Autoridad Independiente de Defensa del Cliente Financiero, con el doble objetivo de reforzar el sistema de resolución extrajudicial de reclamaciones entre las entidades y los clientes de productos bancarios, valores y seguros e impulsar la educación e inclusión financiera.

El anteproyecto de Ley saldrá mañana a audiencia pública para recibir las aportaciones de los operadores y clientes.

La creación de esta autoridad complementa el sistema institucional de resolución de reclamaciones en el ámbito financiero, que está articulado actualmente en tres niveles: en primer lugar, los servicios de atención al cliente de las propias entidades financieras; en un segundo estadio, los servicios de reclamaciones de los organismos supervisores; y, por último, los órganos judiciales.

Por Orden PCM/219/2022, de 21 de marzo, por la que se convoca la prueba de evaluación de aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de la abogacía para el año 2022.

La prueba es única e idéntica para todo el territorio español (eligiendo el idioma castellano o lengua cooficial), gratuita y como requisitos se exige estar en posesión del título de Licenciado en Derecho, Grado en Derecho o de otro título universitario de Grado equivalente que reúna los requisitos establecidos en el artículo 3 del Reglamento de la Ley 34/2006, o en su caso de las certificaciones sustitutorias (como la convalidación u homologación de títulos extranjeros) con anterioridad a la admisión al curso de formación.

También se exige ser mayor de edad y no estar inhabilitado para el ejercicio de la profesión de la Abogacía y haber superado los cursos de formación y prácticas tuteladas.